El 04 de diciembre 2020 fue derogada la Ley de Promoción Agraria gracias a la cual fueron incorporados a la formalidad más de 800,000 trabajadores, más de la mitad de ellos mujeres que comenzaron a recibir un salario por tareas no remuneradas en el agro de subsistencia, reduciéndose la pobreza en el sector de 81 a 30%.

Al imponer sobrecostos mayores que los de cualquier otro sector de la economía, la Propuesta de Ley que hoy trabaja el Congreso, elimina los incentivos a la inversión, aumento de productividad, remuneraciones, mejora tecnológica y pretende imponer por ley, lo que solo se consigue con un sano desarrollo de la actividad.

El Proyecto elimina la flexibilidad en la contratación, que hoy se adecua al ciclo de los diferentes cultivos y a sus actividades, e introduce sobrecostos que hacen inviable la continuidad de casi todas las empresas. La RMV de S/.1543 soles implica un aumento del 66% imposible de absorber por las empresas cuyo costo de mano de obra representa más de 40% del costo total.

El sector agroexportador es uno de los más intensivos en mano de obra. La formalidad debe ser protegida si no queremos que ocurra lo que en casi todos los demás sectores económicos del país: informalidad y desprotección y que durante la pandemia ha mostrado la fragilidad del empleo en el Perú.

El Proyecto de Ley redactado por un grupo de congresistas, o bien demuestra un desconocimiento absoluto del sector o pretende destruir una de las actividades que mayor bienestar ha ocasionado durante los últimos años, generando divisas, empleo e ingresos.

La opinión pública, los trabajadores del agro y sus familias, y los empresarios tienen el derecho de recibir, por parte del Congreso, un análisis técnico serio y sustentado, del efecto que su proyecto causará en el sector agrario.

Una Ley que genera empleo y bienestar no puede ser cambiada en una semana sin explicación.